Cuando las deudas se vuelven imposibles de pagar

La pérdida del empleo, el cierre de un negocio, una enfermedad, una separación, la reducción de los ingresos familiares o el fracaso de una actividad empresarial pueden provocar que obligaciones que inicialmente podían atenderse se conviertan en una carga imposible de asumir.

Durante mucho tiempo se consideró que las deudas acompañarían al deudor durante prácticamente toda su vida. Sin embargo, actualmente existen mecanismos legales que permiten afrontar una situación de insolvencia y obtener, si se cumplen los requisitos establecidos, la liberación de determinadas deudas.

La denominada Ley de Segunda Oportunidad permite que una persona física insolvente solicite la exoneración del pasivo insatisfecho.

Esta figura está regulada en el Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, y profundamente reformado por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre.

La Ley de Segunda Oportunidad no supone que cualquier persona pueda dejar de pagar automáticamente todas sus deudas. La exoneración está sometida a requisitos y controles judiciales. Resulta necesario analizar la situación económica del deudor, su patrimonio, sus ingresos y, especialmente, el origen y la naturaleza de cada una de sus obligaciones.

¿Que es la exoneración del pasivo insatisfecho

La exoneración del pasivo insatisfecho es el mecanismo que permite que una persona natural insolvente pueda quedar liberada de determinadas deudas que no haya podido satisfacer.

Su finalidad es ofrecer una verdadera segunda oportunidad al deudor que reúna los requisitos legales, evitando que permanezca indefinidamente atrapado en una situación económica de la que no pueda recuperarse.

La exoneración puede permitir que el deudor vuelva a participar con normalidad en la vida económica, pueda desarrollar una actividad profesional o empresarial y deje atrás determinadas deudas anteriores.

Sin embargo, no todas las obligaciones reciben el mismo tratamiento. Por ello, antes de iniciar el procedimiento resulta fundamental estudiar deuda por deuda, teniendo en cuenta su origen, naturaleza y clasificación.

¿Quien puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?

La legislación concursal permite solicitar la exoneración a las personas naturales, tanto si son empresarios o autónomos como si no desarrollan ninguna actividad económica.

Por ello, pueden acogerse a este mecanismo los consumidores sobreendeudados, los trabajadores que ya no puedan atender sus préstamos, los autónomos que hayan tenido que cerrar su actividad, los pequeños empresarios, los antiguos administradores de sociedades y las personas que hayan avalado obligaciones empresariales.

El presupuesto fundamental es encontrarse en una situación de insolvencia y cumplir los requisitos establecidos por la legislación concursal.

La existencia de ingresos o de una nómina no impide necesariamente acceder a la segunda oportunidad. Lo relevante será valorar el conjunto de la situación económica y determinar si la persona puede atender regularmente sus obligaciones exigibles.

El requisito de buena fe

Uno de los elementos fundamentales para obtener la exoneración es la buena fe del deudor.

Sin embargo, la buena fe concursal no debe entenderse únicamente en su sentido habitual. La legislación establece determinadas circunstancias que pueden impedir el acceso a la exoneración.

Por ello, el deudor debe proporcionar información completa sobre sus bienes y derechos, sus ingresos y gastos, sus acreedores, el importe y origen de las deudas, las garantías existentes y, en su caso, las sanciones o derivaciones de responsabilidad que pudieran existir.

La transparencia resulta fundamental. La ocultación de bienes, acreedores o información relevante puede comprometer la obtención de la exoneración.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de febrero de 2026 ha reforzado además la importancia de comprobar los presupuestos y requisitos legales para acceder a la exoneración.

¿Que modalidades de exoneración existen?

La legislación concursal contempla dos vías principales para obtener la exoneración:

Exoneración con liquidación del patrimonio

Esta modalidad puede implicar la liquidación de los bienes y derechos susceptibles de realización y la posterior exoneración de aquellas deudas que, cumpliéndose los requisitos legales, resulten afectadas por la exoneración.

La liquidación no significa que todos los bienes reciban necesariamente el mismo tratamiento. Será preciso analizar el patrimonio del deudor, las cargas existentes y las garantías que puedan afectar a cada bien.

Exoneración mediante un plan de pagos

También existe la posibilidad de solicitar la exoneración mediante un plan de pagos, sin que resulte necesario identificar la segunda oportunidad exclusivamente con la liquidación previa de todo el patrimonio.

La elección entre una modalidad y otra debe realizarse estudiando la situación concreta del deudor: sus ingresos, estabilidad económica, cargas familiares, patrimonio, vivienda habitual, hipoteca pendiente y naturaleza de las deudas.

Por ello, antes de optar por una de las dos alternativas resulta conveniente analizar cuál ofrece una solución más adecuada a las circunstancias particulares de cada caso.

¿Es necesario perder la vivienda habitual?

Esta es una de las principales preocupaciones de quienes se plantean acudir a la segunda oportunidad.

La respuesta no puede darse de forma automática. Para determinar qué puede ocurrir con la vivienda habitual es necesario analizar su valor actual, el importe pendiente de la hipoteca, las restantes cargas que puedan afectar al inmueble, las cuotas del préstamo, la capacidad económica del deudor y la modalidad de exoneración que resulte más adecuada.

Una vivienda cuyo valor es inferior o muy próximo a la cantidad pendiente de la hipoteca presenta una situación diferente de aquella en la que existe un importante valor patrimonial neto.

Por eso, antes de iniciar el procedimiento resulta fundamental estudiar individualmente la vivienda y sus cargas y valorar las consecuencias que cada modalidad de exoneración puede producir sobre ella.

¿Que sucede con la hipoteca?

Los créditos garantizados con hipoteca presentan un régimen específico. La existencia de una garantía real atribuye al acreedor una posición especial respecto del inmueble hipotecado.

Por ello, la exoneración de deudas no supone automáticamente la desaparición de la hipoteca.

Será necesario analizar el valor actual de la vivienda, el capital pendiente del préstamo, la parte de la deuda cubierta por la garantía, la capacidad del deudor para continuar atendiendo las cuotas y las consecuencias que podría producir una eventual ejecución.

Si el objetivo del deudor es conservar la vivienda, esta circunstancia deberá ser tenida especialmente en cuenta al elegir la modalidad de exoneración y diseñar la estrategia del procedimiento.

Una correcta planificación previa resulta esencial para conocer qué consecuencias puede producir la segunda oportunidad sobre la vivienda antes de iniciar el procedimiento.

¿Que deudas pueden quedar exoneradas?

Con carácter general, la exoneración puede alcanzar numerosas deudas privadas, siempre que no se encuentren comprendidas en alguna de las exclusiones establecidas legalmente.

Entre ellas pueden encontrarse los préstamos personales, las deudas derivadas de tarjetas de crédito, los descubiertos bancarios, las deudas con proveedores y determinadas obligaciones derivadas de avales, además de otros créditos privados que no estén legalmente excluidos.

No obstante, el alcance de la exoneración deberá determinarse atendiendo a la naturaleza y circunstancias de cada crédito.

Por eso, no resulta correcto presentar la Ley de Segunda Oportunidad como un mecanismo que permite «borrar todas las deudas» de manera automática. Es necesario analizar individualmente cada obligación para determinar si puede quedar afectada por la exoneración.



¿Que deudas no pueden exonerarse?

La legislación concursal establece determinadas deudas que quedan excluidas de la exoneración o cuyo tratamiento se encuentra sometido a limitaciones específicas.

Entre ellas se encuentran, en los términos establecidos legalmente, determinadas deudas por responsabilidad civil, las responsabilidades civiles derivadas de delito, las deudas por alimentos, determinados créditos salariales, determinadas multas y sanciones, parte del crédito público y los créditos con garantía real dentro de los límites previstos por la ley.

Por ello, no basta con conocer el importe total de las deudas. Es necesario identificar cada obligación, determinar su origen y naturaleza y comprobar cuál es el tratamiento que le corresponde dentro del procedimiento de exoneración.

Esta distinción adquiere especial importancia cuando existen deudas con Hacienda o la Seguridad Social, cuyo régimen presenta particularidades que deben estudiarse separadamente.

Deudas con Hacienda y Seguridad Social:¿pueden exonerarse?

Esta es una de las cuestiones que más preocupación plantea a quienes estudian acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.

No es correcto afirmar que las deudas con Hacienda y Seguridad Social nunca pueden quedar afectadas por la exoneración. Pero tampoco lo es afirmar que toda la deuda pública puede cancelarse.

El artículo 489.1.5.º del Texto Refundido de la Ley Concursal establece un régimen específico y limitado para los créditos de Derecho público.

Además, las Sentencias del Tribunal Supremo 254/2026 y 260/2026, de 18 de febrero, han establecido importantes criterios sobre la exoneración del crédito público.

Por ello, ante una deuda con una Administración, no basta con conocer quién es el acreedor y cuánto se debe. Resulta necesario determinar la naturaleza y clasificación concursal de cada crédito público.

No toda la deuda pública recibe el mismo tratamiento

La clasificación concursal del crédito público puede resultar decisiva para determinar el alcance de la exoneración.

El Tribunal Supremo ha considerado que el tratamiento especial reconocido al crédito público encuentra justificación respecto de los créditos públicos privilegiados y ordinarios, pero no respecto de los créditos públicos subordinados.

En consecuencia, los créditos de Derecho público que tengan la consideración de subordinados pueden quedar afectados por la exoneración, mientras que respecto de los restantes créditos públicos se aplicarán las limitaciones previstas en el artículo 489.1.5.º del Texto Refundido de la Ley Concursal.

Por ello, cuando existan deudas con una Administración, no basta con comprobar su importe. Es necesario determinar previamente qué clasificación concursal corresponde a cada crédito.

¿Cuanto crédito público puede exonerarse?

El Tribunal Supremo ha precisado que las limitaciones legales a la exoneración deben aplicarse respecto de cada acreedor público, y no realizando un único cálculo conjunto de toda la deuda pública.

Conforme al criterio establecido, respecto de cada acreedor público pueden exonerarse íntegramente los primeros 5.000 euros de su crédito y, a partir de esa cantidad, la exoneración alcanza el 50 % hasta el máximo legal de 10.000 euros.

Esto obliga a identificar separadamente cada Administración acreedora, el importe de su crédito, su clasificación concursal y la parte que puede quedar afectada por la exoneración.

Además, el deudor debe identificar los créditos cuya exoneración solicita y la resolución judicial debe concretar los créditos efectivamente exonerados.

¿Qué circunstancias pueden impedir acceder a la exoneración?

Para obtener la segunda oportunidad no basta con determinar qué deudas pueden o no quedar exoneradas. También es necesario comprobar que el deudor no se encuentra en alguna de las circunstancias que la Ley establece como causas de exclusión.

Entre estas circunstancias tienen especial importancia determinadas condenas penales, sanciones administrativas, la declaración del concurso como culpable y determinados incumplimientos de los deberes de información y colaboración.

Sin embargo, la existencia de una condena, una sanción o una derivación de responsabilidad no debe analizarse de forma automática ni aisladamente, porque la propia Ley contempla supuestos en los que esas circunstancias dejan de impedir el acceso a la exoneración.

Por ello, habrá que atender a la naturaleza de cada circunstancia y, especialmente, a la situación existente en el momento de presentar la solicitud de exoneración.

Condenas penales: ¿impiden obtener la segunda oportunidad?

No cualquier condena penal impide acceder a la exoneración. La Ley se refiere a determinadas condenas producidas en los diez años anteriores a la solicitud de exoneración.

Debe tratarse de condenas firmes a penas privativas de libertad, aunque hayan sido suspendidas o sustituidas, por delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores.

Además, la Ley exige que la pena máxima señalada al delito sea igual o superior a tres años. Esto no significa necesariamente que el deudor haya sido condenado a cumplir tres años o más de prisión, sino que debe atenderse a la pena máxima legalmente prevista para el delito.

Existe, sin embargo, una excepción especialmente importante: esta circunstancia no impide acceder a la exoneración cuando, en la fecha en que se presenta la solicitud, se haya extinguido la responsabilidad criminal y se hayan satisfecho las responsabilidades pecuniarias derivadas del delito.

Por ello, la existencia de una condena penal anterior no debe conducir automáticamente a descartar la segunda oportunidad. Será necesario comprobar el delito concreto, la fecha de la condena, la pena legalmente prevista y si, cuando se solicita la exoneración, se han cumplido los requisitos que permiten superar esta causa de exclusión.

Sanciones administrativas:¿impiden obtener la segunda oportunidad?

La existencia de una sanción administrativa tampoco impide en todos los casos obtener la exoneración. Debe analizarse la naturaleza de la infracción, su gravedad, la firmeza de la resolución, la fecha en que fue impuesta y si la responsabilidad continúa pendiente cuando se presenta la solicitud.

El artículo 487.1.2.º del Texto Refundido de la Ley Concursal contempla las sanciones impuestas por resolución administrativa firme, dentro de los diez años anteriores a la solicitud de exoneración, por infracciones tributarias muy graves, de Seguridad Social o del orden social.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de febrero de 2026 considera justificada la exclusión en los supuestos de infracciones tributarias muy graves y de Seguridad Social atendiendo, especialmente, al componente fraudulento que caracteriza estas conductas.

Sin embargo, existe una excepción fundamental: aun concurriendo una de estas circunstancias, no impedirá el acceso a la exoneración si, cuando se presenta la solicitud, el deudor ha satisfecho íntegramente su responsabilidad.

Por ello, no es suficiente comprobar que en los diez años anteriores existió una sanción firme. Resulta imprescindible determinar si la responsabilidad derivada de esa sanción se encuentra todavía pendiente en el momento de solicitar la exoneración.

¿Qué ocurre con las infracciones graves?

La Ley establece también un régimen específico para determinadas infracciones graves.

La redacción del artículo 487.1.2.º del Texto Refundido de la Ley Concursal contempla, en el caso de las infracciones graves, la exclusión cuando el importe de la sanción exceda del cincuenta por ciento de la cuantía susceptible de exoneración por la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la que se refiere el artículo 489.1.5.º, salvo que, en la fecha de presentación de la solicitud, el deudor hubiera satisfecho íntegramente su responsabilidad.

Sin embargo, esta regulación ha sido objeto de una importante interpretación jurisprudencial. La Sentencia del Tribunal Supremo 1551/2026, de 2 de octubre, ha examinado específicamente la incidencia de las sanciones tributarias por infracciones graves en el acceso a la exoneración.

Esta resolución continúa la línea jurisprudencial iniciada en febrero de 2026 y obliga a diferenciar cuidadosamente entre las distintas clases de infracciones y las circunstancias concurrentes antes de concluir que una sanción impide necesariamente acceder a la segunda oportunidad.

Por ello, la existencia de sanciones por infracciones graves debe ser objeto de un análisis individualizado, atendiendo a su naturaleza, importe y situación en el momento de solicitar la exoneración.

Derivación de responsabilidad:¿impide obtener la segunda oportunidad?

Esta cuestión resulta especialmente importante para quienes hayan sido administradores de sociedades y hayan recibido posteriormente un acuerdo de derivación de responsabilidad por deudas de la empresa.

La derivación de responsabilidad no tiene automáticamente naturaleza sancionadora. El Tribunal Supremo ha señalado que constituye un mecanismo de garantía y que su mera existencia no basta, por sí sola, para excluir al deudor del acceso a la exoneración.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2026, para que la derivación pueda justificar la exclusión debe quedar acreditado que trae causa de una conducta fraudulenta del administrador equiparable a aquellas merecedoras de una sanción por infracción muy grave. Si esa conducta fraudulenta no consta acreditada, la mera derivación no justifica privar al deudor del acceso a la exoneración.

Existe además otra circunstancia fundamental: el artículo 487.1.2.º TRLC establece que esta causa de exclusión tampoco opera cuando, en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración, el deudor ha satisfecho íntegramente su responsabilidad.

Por ello, haber recibido una derivación de responsabilidad no significa automáticamente haber perdido la posibilidad de acogerse a la segunda oportunidad. Será necesario estudiar el acuerdo concreto, su fundamento, la conducta atribuida al responsable y la situación de esa responsabilidad cuando se presenta la solicitud.

Otras circunstancias que pueden impedir la exoneración

Además de las condenas, sanciones y derivaciones de responsabilidad ya examinadas, la Ley contempla otras circunstancias que pueden impedir el acceso a la exoneración.

Una de ellas es que el concurso haya sido declarado culpable. No obstante, cuando la declaración de culpabilidad se deba exclusivamente al incumplimiento del deber de solicitar oportunamente el concurso, la Ley permite al juez valorar las circunstancias en las que se produjo el retraso.

También puede impedir la exoneración haber sido declarado persona afectada por la sentencia de calificación culpable del concurso de un tercero dentro de los diez años anteriores a la solicitud. Sin embargo, esta circunstancia deja de operar cuando, al presentar la solicitud de exoneración, el deudor ha satisfecho íntegramente su responsabilidad.

Igualmente resulta relevante el incumplimiento de los deberes de colaboración e información respecto del juez del concurso y de la administración concursal.

Finalmente, puede impedir la exoneración haber proporcionado información falsa o engañosa o haberse comportado de forma temeraria o negligente al contraer endeudamiento o al cumplir las obligaciones, en los términos previstos por la legislación concursal.

Todo ello demuestra que la segunda oportunidad exige un análisis global de la conducta y circunstancias del deudor, y no únicamente comprobar cuál es el importe de sus deudas.

¿Qué ocurre con los avalistas y codeudores?

La exoneración obtenida por el deudor no supone necesariamente que queden liberadas las demás personas que también respondan de la obligación.

Esta cuestión resulta especialmente importante cuando existen avalistas, fiadores o codeudores, por ejemplo, cuando un familiar ha avalado un préstamo, varias personas figuran como prestatarias o se han constituido garantías personales para responder de deudas relacionadas con una actividad empresarial.

Por ello, antes de iniciar el procedimiento resulta conveniente analizar no solo los efectos que la exoneración producirá respecto del deudor, sino también la situación jurídica de las demás personas que garanticen o respondan de las mismas obligaciones.

La existencia de avalistas o codeudores no debe analizarse como si la exoneración del deudor produjera automáticamente la liberación de todos ellos.

¿Qué efectos produce la exoneración?

La resolución judicial que concede la exoneración determina qué deudas quedan afectadas por ella y cuáles continúan siendo exigibles.

Por ello, no debe entenderse la segunda oportunidad simplemente como que «el juez perdona todas las deudas». Lo verdaderamente importante es determinar qué créditos concretos han quedado exonerados y con qué alcance.

Una vez concedida la exoneración, los acreedores cuyos créditos hayan quedado afectados deberán respetar sus efectos y no podrán continuar reclamando al deudor las cantidades exoneradas en los términos establecidos en la resolución judicial.

Cuando la exoneración se haya obtenido mediante un plan de pagos, el deudor deberá cumplir las obligaciones asumidas en dicho plan.

Además, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de febrero de 2026 ha destacado la importancia de que la resolución judicial identifique los créditos concretos afectados por la exoneración, evitando declaraciones genéricas que dejen para un momento posterior la determinación de su alcance.

¿Puede revocarse la exoneración?

Sí. La exoneración concedida puede ser revocada en determinados supuestos previstos por la Ley.

En primer lugar, podrá solicitarse la revocación si se acredita que el deudor ocultó la existencia de bienes, derechos o ingresos.

También puede producirse cuando, durante los tres años siguientes, la situación económica del deudor mejore sustancialmente como consecuencia de una herencia, legado o donación, o por juego de suerte, envite o azar, de forma que pueda pagar la totalidad o parte de los créditos exonerados. Si la posibilidad de pago es únicamente parcial, la revocación afectará solamente a esa parte.

Igualmente, puede solicitarse la revocación si, cuando se pidió la exoneración, estaba tramitándose alguno de los procedimientos penales o administrativos previstos legalmente y, dentro de los tres años siguientes, recae sentencia condenatoria firme o resolución administrativa firme.

La Ley establece además que la revocación no podrá solicitarse una vez transcurridos tres años desde la exoneración con liquidación de la masa activa o desde la exoneración provisional cuando exista un plan de pagos.

Por ello, obtener la exoneración exige mantener la misma transparencia que se exige durante el procedimiento y conocer las circunstancias que pueden afectar posteriormente a sus efectos.

La importancia de estudiar cada caso antes de iniciar el procedimiento

La Ley de Segunda Oportunidad puede ofrecer una solución eficaz a una situación de insolvencia, pero no debería iniciarse el procedimiento sin realizar previamente un estudio completo de las circunstancias del deudor.

Antes de solicitar la exoneración conviene identificar todos los acreedores, comprobar el importe y el origen de cada deuda, diferenciar las deudas privadas de las públicas y analizar especialmente las sanciones administrativas y las posibles derivaciones de responsabilidad.

También resulta necesario estudiar el patrimonio del deudor, el valor y las cargas de los inmuebles, la situación de la vivienda habitual, las hipotecas existentes, los ingresos y gastos familiares y la posible responsabilidad de avalistas, fiadores o codeudores.

Finalmente, debe comprobarse si concurre alguna de las causas que pueden impedir el acceso a la exoneración y valorar cuál de las modalidades previstas legalmente resulta más adecuada.

Un análisis previo permite conocer qué deudas podrían quedar exoneradas, cuáles continuarían siendo exigibles y qué consecuencias puede producir el procedimiento sobre el patrimonio del deudor.

Preguntas frecuentes sobre la exoneración de deudas

¿La Ley de Segunda Oportunidad cancela todas las deudas?

No. Algunas deudas pueden quedar exoneradas, otras están sometidas a límites y determinadas obligaciones se encuentran legalmente excluidas. Por ello, debe analizarse individualmente la naturaleza de cada crédito.

¿Puedo solicitar la exoneración si actualmente tengo nómina o ingresos?

Sí, siempre que concurran los presupuestos y requisitos legales. Tener ingresos no impide por sí solo acceder a la segunda oportunidad. Debe valorarse la situación económica y patrimonial del deudor en su conjunto.

¿Puedo exonerar deudas con Hacienda o Seguridad Social?

Determinados créditos públicos pueden quedar afectados por la exoneración con el alcance y los límites previstos legalmente. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de 2026 hace especialmente importante determinar la naturaleza y clasificación de cada crédito público.

¿Una sanción administrativa me impide obtener la exoneración?

No necesariamente. Debe analizarse la clase y gravedad de la infracción, su firmeza, su importe y si la responsabilidad continúa pendiente. Además, en los supuestos legalmente previstos, haber satisfecho íntegramente la responsabilidad antes de solicitar la exoneración puede evitar que opere esa causa de exclusión.

¿Una derivación de responsabilidad me impide obtener la segunda oportunidad?

No automáticamente. Debe examinarse el fundamento concreto del acuerdo de derivación y la conducta atribuida al responsable. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de febrero de 2026 ha establecido importantes criterios sobre esta cuestión.

¿Tengo que perder necesariamente mi vivienda habitual?

No existe una respuesta automática. Deben analizarse el valor de la vivienda, la hipoteca pendiente, las restantes cargas, la situación económica del deudor y la modalidad de exoneración aplicable.

¿Qué sucede si existen avalistas o codeudores?

La exoneración concedida al deudor no supone necesariamente la liberación de avalistas, fiadores o codeudores. Su situación debe estudiarse separadamente.

Una segunda oportunidad puede ser posible

Encontrarse en una situación de insolvencia no significa necesariamente tener que soportar las mismas deudas durante el resto de la vida.

La Ley de Segunda Oportunidad puede permitir que determinadas personas insolventes obtengan la exoneración de una parte importante de sus obligaciones y puedan afrontar una nueva etapa económica.

Sin embargo, cada situación requiere un estudio individualizado. La naturaleza de las deudas, el patrimonio, los ingresos, las garantías existentes y las posibles causas de exclusión pueden determinar tanto la viabilidad como el alcance de la exoneración.

Especialmente cuando existen deudas con Hacienda o Seguridad Social, sanciones administrativas o derivaciones de responsabilidad, resulta fundamental analizar con precisión su origen, naturaleza y situación antes de iniciar el procedimiento.

Antes de descartar la segunda oportunidad, conviene estudiar el caso concreto y determinar qué posibilidades reales ofrece la legislación concursal.

¿Tiene deudas que ya no puede pagar?

Cada situación de insolvencia es diferente.

Antes de iniciar un procedimiento de segunda oportunidad resulta conveniente estudiar las deudas, el patrimonio, los ingresos, las garantías existentes y, especialmente, las posibles sanciones o derivaciones de responsabilidad.

Un análisis individualizado permite determinar si se cumplen los requisitos para solicitar la exoneración, qué deudas podrían quedar afectadas, qué obligaciones continuarían siendo exigibles y qué consecuencias puede producir el procedimiento sobre la vivienda y los demás bienes.

Solicite un estudio individualizado de su situación antes de tomar una decisión.

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Nota informativa: El contenido de este artículo tiene carácter general y meramente divulgativo. No constituye asesoramiento jurídico ni sustituye el estudio individualizado de las circunstancias de cada caso. La viabilidad y el alcance de la exoneración dependerán de la situación personal y patrimonial del deudor, de la naturaleza de sus obligaciones y de la normativa y jurisprudencia aplicables.